Las denuncias por ruidos se desplazan de los locales de ocio al Ayuntamiento de Mérida. La Asociación Extremeña para la Defensa de los Afectados por el Ruido (Aedar) carga contra la administración local por considerar que no está cumpliendo con su deber en materia de contaminación acústica.
Este paso obedece a la actuación municipal en el caso del pub La Claca. Además de la medida tomada por Aedar, los vecinos de este establecimiento, situado en la calle Graciano, se plantean acudir a los tribunales contra el Consistorio. Según indica Pedro Naranjo, representante de los interesados y uno de los afectados, se estudia acudir a la vía penal por lo que estiman «una tomadura de pelo».
Aedar ha remitido su denuncia a la Comisión de Actividades Clasificadas, dependiente de la Junta de Extremadura. En su escrito, la asociación ofrece un repaso de la actividad del local desde que entró en servicio en 1989 hasta la actualidad, con especial incidencia en las últimas actuaciones municipales.
Como recuerda la entidad, el establecimiento empezó a funcionar en 1989. Sin embargo, por retrasos en la administración no obtuvo licencia hasta 1998. Entre medias se aprobó en 1997 el Decreto de Ruidos y Vibraciones de la Junta, pero, según Aedar, no se tuvo en cuenta su aplicación.
Tras años de quejas de los vecinos, en diciembre 2007 la actividad cesó. Sin embargo, en agosto de 2008 volvió a abrir. En lugar de solicitar una nueva licencia, se amparó en la anterior, a pesar de que se llevó a cabo una obra mayor, para lo que tenía que haberse adaptado a las nuevas normas ya en vigor.
Con la nueva actividad en funcionamiento, los vecinos inician de nuevo una serie de denuncias. Finalmente, el 8 de noviembre de 2009 se consiguió que el Seprona de la Guardia Civil llevase a cabo mediciones de ruidos, que registraron niveles muy por encima de lo permitido. Cuatro días después, el Ayuntamiento y la Junta hicieron otra medición conjunta con, curiosamente, valores distintos. Pese a todo, se volvió a demostrar que estaba por encima de lo legal, aunque en el caso del Consistorio su valoración fue más favorable al local, lo que motivó la posterior intervención del Gobierno local.
Cierre y reapertura
Aedar indica que, a pesar de que las mediciones del Seprona registraron niveles intolerables, lo que según el Decreto de Ruidos implica el cierre inmediato del local, el Ayuntamiento de Mérida sólo ordenó una semana de suspensión de la actividad y la necesidad de una obra menor, consistente en un cambio de puerta y la adecuación de la salida de emergencia. Por todo, la entidad solicita a la Junta de Extremadura que reclame al Ayuntamiento su responsabilidad por no haber actuado correctamente contra la actividad.
La asociación recalca que en esta ocasión no actúa contra el local, que está cumpliendo con lo que le dice la administración municipal, sino contra el Ayuntamiento, que autoriza unas medidas inadecuadas. En el mismo sentido, Pedro Naranjo señala que los vecinos no quieren el cierre de la actividad, sino que se adapte a la normativa vigente para garantizar el descanso en sus domicilios.
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